El Gobierno corrige un error con otro error: deroga el artículo de la Ley que suspendía los desahucios con un Real Decreto-ley

por | marzo 3, 2022

Ayer el Gobierno pretendió corregir el error monumental contenido en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, que laminaba la suspensión de los desahucios de aquellas personas que estén habitando casas sin ningún título habilitante para ello –los ocupas–, hasta el 30 de septiembre próximo. Una suspensión que fue aprobada días antes, el 22 de febrero, en su Consejo de Ministros.

Y lo hizo «colando» en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, una Disposición derogatoria única, que eliminaba el artículo en cuestión de esa ley. Con lo que se restituía el anterior estado de cosas.

Sin embargo, no ha sido así.

La suspensión de este tipo de desahucios –no así los relativos a los de falta de pago o finalización de arrendamientos– sigue sin efecto ya que un Real Decreto-ley no puede derogar una ley, o parte de ella, porque es de un rango normativo superior.

Lo dice con toda claridad el artículo 2.2 del Código Civil vigente: «Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado».

«Como dice el Código Civil, las leyes solo pueden derogarse por otras leyes posteriores. No por un Real Decreto-ley», afirma Ballugera

Un punto que confirma Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y registrador.

«La norma que suspendía los desahucios hasta el 30 de septiembre, el Real Decreto-ley 2/2022, fue derogada cuando entró en vigor la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Está, por lo tanto, vigente. Además, como dice el Código Civil, las leyes solo pueden derogarse por otras leyes posteriores. No por un Real Decreto-ley. Además, la derogación del artículo de la ley posterior no devuelve su vigencia a la norma derogada. Lo que se ha producido aquí es una situación muy enrevesada», explica.

Desde su punto de vista “en este contexto el régimen vigente, depende del estado del procedimiento. Para los iniciados antes de la norma de la Ley 4/2022 tienen prórroga hasta septiembre».

“Los que se han puesto en marcha en el dia de hoy [por ayer] depende del momento. Si interpuso la demanda por la mañana y se inicia un procedimiento de lanzamiento o juicio verbal ese tiene la prórroga hasta 28 de febrero pasado. Si se pone mañana no hay nada. Esa norma de la prórroga de septiembre ya se había derogado”, aclara.

Carlos Ballugera es presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Está sorprendido por el error de la solución encontrada. Un Real Decreto-ley no puede derogar una norma superior, como es una ley.

EL ORIGEN, UNA ENMIENDA DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO

Ballugera explica que “este cambio viene de una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso de 21 de diciembre del 2021. Entonces les pareció bien ampliar la moratoria hasta febrero de este año. Después, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 2/2022, por el que la ampliaron hasta el 30 de septiembre. El problema es que a quien corresponde se le pasó rectificar ese artículo de la Ley 4/2022 provocando esto».

Una negligencia manifiesta.

Sobre la necesidad de esta normativa para consumidores vulnerables, Ballugera indica que “esta ley viene a reforzar la protección del consumidor que de momento no está funcionando de forma adecuada por lo que estamos viendo”.

Ballugera llama la atención sobre la complejidad de la Ley.

“La estamos estudiando y es realmente complicada. Modifica el Real Decreto-ley 1/2021 que, a su vez, modificó el texto refundido de los consumidores. Para saber qué es lo que ha cambiado del Real Decreto tienes que coger ese texto y el de la nueva norma y comparar para ver lo que ha cambiado. Porque no se ve a simple vista”, declara.

Es tan compleja que “si nos metemos en la legislación consolidada, en el texto refundido de los consumidores hay un aviso que dice que está norma en proceso de actualización. De momento no se ha recogido la reforma en el texto refundido en el propio BOE”.

SIN NOTICIAS DEL MINISTERIO DE CONSUMO

Este periódico se puso ayer en contacto con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, para recabar una explicación de lo sucedido sobre la derogación sobre la moratoria de los desahucios y lo que percibió fue completa perplejidad. No sabían de lo que les estábamos hablando. Desconocimiento completo.

Prometieron devolver la llamada para dar una explicación. En el momento de cerrar este artículo, al filo de las 12 horas, no habían dado visos de vida.

Hay que recordar que esta normativa sobre consumidor vulnerable tuvo una tramitación express, sin audiencia pública, lo que genero muchas críticas de todos los operadores del mundo del consumo, con lo cual, es factible que en ese periodo de tiempo se hubiera visto dicho desatino.

Edificio del Ministerio de Consumo, donde se generó la Ley 4/2022 que ha provocado este escándalo entre los sectores legales por la mala técnica legislativa. Un error que se repite demasiado a menudo. Foto: Ministerio de Consumo.

UN DESAGUISADO QUE NO DEBERÍA HABER SUCEDIDO

A los ojos de Rosana Pérez Gurrea, abogada y vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española, con lo sucedido “se ha creado un desaguisado increíble, fruto de un error de coordinación que no debería haber ocurrido en un Gobierno como el nuestro. Hay que recordar que esta norma no tuvo trámite de audiencia, con lo cual la posibilidad de incorporar modificaciones no era posible”.

Y añade: “es increíble que a través de la Ley 4/2022, que regula la figura de los consumidores vulnerables, se suspendan los desahucios hasta el 30 de septiembre, próximo aludiendo a una fecha pasada, el 28 de febrero. Una suspensión introducida de forma previa, apenas unos días antes, a través del Real Decreto-ley 2/2022”.

Para esta jurista “esta técnica legislativa es muy deficiente. Encima se trata de arreglar a través de un Real Decreto-ley sobre transporte que no tiene nada que ver sobre desahucios. Todo esto es muy surrealista. Vulnera el principio de seguridad jurídica de todos los principios constitucionales posibles. No se puede hacer peor”.

En cuanto a la normativa aprobada, la Ley 4/2022, esta experta en derecho de consumo indica que “hay que estudiarla bien, pero alguna de las cosas que introduce son necesarias porque implica una protección para la situación de vulnerabilidad de los consumidores, modifica algún articulo del texto refundido de los consumidores”.

«Esta técnica legislativa es muy deficiente. Encima se trata de arreglar a través de un Real Decreto-ley sobre transporte que no tiene nada que ver sobre desahucios. Todo esto es muy surrealista», declara Rosana Pérez

Respecto a su complejidad “todo depende de la técnica legislativa que hayan utilizado, pero es importante que este tipo de normativas se entiendan, en especial por los propios usuarios que van a utilizar la norma. Hay modificaciones importantes”.

La aplicación práctica de la norma, reconoce, va a ser compleja.  

«Habrá que ver en la práctica si realmente se protegen a los consumidores en situación vulnerable y si cristaliza en mejoras que necesitan algunos colectivos de consumidores en situación de vulnerabilidad. Esperemos que no pase como con otras leyes que quedan en papel mojado”, destaca.

Rosana Pérez Gurrea, abogada y vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española, afirma que lo sucedido «vulnera el principio de seguridad jurídica de todos los principios constitucionales posibles».

UN ERROR QUE NO DEBERÍA HABER SUCEDIDO

Felix Alonso Cantorné, director general de consumo de las Islas Baleares, por su parte, afirma que este tipo de errores de bulto suelen pasar. “Aunque desgraciadamente no deberían pasar. Al final las normas tienen tantos filtros que se olvidan de lo más importante”, relata.

Afortunadamente «ya se ha corregido y se mantiene la interpretación de ampliar el periodo de moratoria de desahucios hasta el 30 de septiembre”, cuenta.

Esta norma es necesaria, a su juicio. Ha tenido un procedimiento legislativo bastante rápido, sin periodo de alegaciones publicas. “Es bastante necesaria en un momento como el que pasa nuestro país, donde todos los consumidores en algún momento podemos ser vulnerables”.

Sobre su complejidad, bastante técnica para que pueda entenderla un consumidor vulnerable, Cantorne señala que «aquí estamos las administraciones de consumo para resolver las dudas que puedan surgir a los usuarios».

Félix Alonso Cantorné es director General de Consumo del Gobierno de Baleares. Reconoce que la nueva ley es de difícil comprensión.

Cuestiones como eliminar la brecha digital con los mayores y que tengan una mejor atención en las entidades financieras o ampliar el bono social eléctrico, en un entorno en el que, según el INE, habría un millón trescientas mil personas en nuestro país que no tienen acceso al mismo, son algunas de las cuestiones que deben regularse desde esta nueva normativa ya en vigor desde hoy (por ayer).

Cantorné, avanza que el Gobierno de Baleares llevara al Parlamento de su Comunidad Autónoma una normativa también sobre consumidor vulnerable a nivel autonómico. “La pandemia y los procesos postpandemia han acelerado la necesidad de contar con este tipo de normativa”.

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