El crecimiento del comercio «online», una oportunidad para la industria de la alimentación y los cosméticos que entraña grandes retos legales

por | diciembre 16, 2021

El auge del comercio online representa una oportunidad tanto para la industria de la alimentación y las bebidas como para la de los cosméticos. Sin embargo, también presenta grandes retos legales, sobre todo en relación con los derechos de los consumidores, los medios de pago y el cumplimiento de los contratos de distribución.

Por esta razón, es probable que en un futuro próximo se produzcan cambios normativos en este ámbito, según recoge la primera edición de ‘The Food, Beverage and Cosmetics Law Review’ que presenta el análisis sobre este asunto de doce abogados españoles de Uría Menéndez.

De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, España tiene uno de los niveles de producción más altos en los mercados de alimentos, bebidas y cosméticos, y lo más probable es que esto continúe en el futuro.

Pese al impacto de crisis del Covid-19, estos sectores han demostrado un gran potencial para mantener una posición de liderazgo en comparación con otras industrias.

Así, el informe expone que «los estudios prevén que la industria alimentaria iniciará su recuperación en el primer trimestre de 2022, pero no volverá a los niveles normales de actividad hasta, al menos, el primer trimestre de 2023″.

Los abogados de Uría Menéndez que han participado en esta publicación son Francisco Javier García Pérez, Montiano Monteagudo, Marta Ríos, Juan Reyes, Patricia Vidal, Manuel Álvarez, Cristina Ayo, Jaime Calvo, Eduard Vila, Violeta Marinas, Yanira Miguel y Cristina Moreno.

‘The Food, Beverage and Cosmetics Law Review’ recuerda que los marcos normativos, legislativos y de litigio civil varían enormemente de un país a otro y de una localidad a otra dentro de cada país, de modo que estas leyes y normativas pueden ser similares o directamente contradictorias.

Por ello, además del análisis sobre la situación de este sector en España, también plantea la de otras jurisdicciones como Estados Unidos, Suiza, Brasil, Mexico, Argentina o India.

Aumento de los litigios de acción colectiva

«Algunos tipos de productos pueden estar sujetos a un escrutinio extremo, mientras que otros parecen tener menos interés (y el lugar que ocupa su producto en ese espectro puede variar de un día para otro)». Y es que, cada jurisdicción es diferente, por lo que «es absolutamente necesario contar con el asesoramiento de expertos legales locales antes de operar en cualquier jurisdicción (incluso de vender en ella)».

Esta primera edición responde, según explica la publicación, «al aumento de los litigios de acción colectiva relacionados con las alegaciones, en particular las relativas a los beneficios para la salud, realizadas en el etiquetado y la comercialización de productos alimentarios, bebidas y cosméticos».

También, agrega, «hemos asistido a un aumento de la preocupación por la seguridad alimentaria y el rastreo de los alimentos en todo el mundo como resultado de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos».

En este contexto, la industria de alimentación y bebidas representa en España el 2,5% del producto interior bruto. Debido al impacto de la crisis sanitaria del Covid, la facturación anual del sector ha disminuido a aproximadamente 130.000 millones de euros y la mano de obra se ha reducido en 506.200 personas.

Sin embargo, España sigue ocupando el cuarto lugar en términos de facturación a nivel de la Unión, representando el 9,7% de la facturación total de la UE.

Además, este país también tiene uno de los mayores mercados nacionales de cosméticos y productos de cuidado personal de la Unión, con un valor de 7.700 millones de euros en 2020. Este mercado también está regulado principalmente por la legislación comunitaria.

La publicación indica que la crisis del Covid-19 ha acelerado el cambio hacia el comercio electrónico en estas industrias, lo que, a corto plazo, probablemente conducirá a un aumento de la inversión en digitalización y nuevas tecnologías y a una asociación corporativa destinada a acelerar el crecimiento de este canal.

Uso excesivo e inadecuado de los contratos de trabajo temporal o relaciones laborales ocultas bajo acuerdos empresariales

En cuanto al mercado laboral, apunta que la industria de la alimentación, las bebidas y los cosméticos y, más concretamente, sus cadenas de suministro, son grandes empleadores en España.

Por lo tanto, subraya, todas las tendencias y los principales problemas del mercado laboral español se reflejan en este sector, como el uso excesivo e inadecuado de los contratos de trabajo temporales o las relaciones laborales ocultas bajo acuerdos empresariales.

En este sentido, los problemas más comunes en las cadenas de suministro se derivan del fuerte componente de externalización que existe en este sector, especialmente en la logística.

Así, señala que aunque la subcontratación es común y legal puede dar lugar a responsabilidades, sobre todo cuando los servicios contratados forman parte de la actividad principal de la empresa.

También apunta que otro de los problemas que se pueden dar es la cesión ilegal de trabajadores, por la que una empresa cede trabajadores al empresario, que dirige, organiza y gestiona a estos trabajadores.

En este caso, la empresa y el contratista serían responsables solidarios de todas las obligaciones laborales y de seguridad social relativas a los empleados cedidos y podrían recibir una multa de entre 6.251 y 187.515 euros. Asimismo, los empleados tendrían derecho a elegir entre ser empleados de la empresa o del contratista.

Protección de los consumidores

En España, los mecanismos clave para evitar la publicidad engañosa son el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se promulga la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios y normas complementarias y la Ley de Competencia Desleal.

Ambas leyes proporcionan un amplio marco que regula la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo el etiquetado, la comercialización y las garantías de los productos.

Así, la Ley de Competencia Desleal aborda, entre otras cosas, la regulación de las prácticas desleales, incluidas las prácticas de cebo y las prácticas promocionales engañosas.

En este contexto, las asociaciones de consumidores están legitimadas para iniciar determinadas acciones judiciales (por ejemplo, de cesación, rectificación de información engañosa, incorrecta o falsa) actuando en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores derivados de la infracción de la Ley de Competencia Desleal.

Diseño de un sistema alimentario sostenible a finales de 2023

De cara el futuro de estos sectores, una de las principales prioridades de la Unión Europea es la transición hacia un sistema alimentario sólido, resistente y sostenible.

Para lograr la sostenibilidad alimentaria, la Comisión Europea aprobó en mayo de 2020 la ‘Estrategia de la granja a la mesa’, que representa un elemento crucial del Pacto Verde Europeo, que, a su vez, pretende garantizar que la UE se convierta en el primer continente del mundo con neutralidad climática para 2050.

La estrategia está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con el Objetivo 12, que pretende garantizar modelos de consumo y producción sostenibles.

Así, ‘The Food, Beverage and Cosmetics Law Review’ recuerda que las consecuencias del cambio climático y los efectos devastadores de la crisis del Covid han puesto de manifiesto la urgente necesidad de garantizar que los operadores de la cadena alimentaria (en particular los productores, transportistas y distribuidores) adapten sus actividades para mitigar su impacto medioambiental y garantizar que los consumidores tengan acceso a alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles a precios asequibles.

Independientemente de las posibles dificultades para alcanzar estos objetivos, se espera que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa para el diseño de un sistema alimentario sostenible a finales de 2023.

A juicio de los abogados que firman el informe, «España ha avanzado sin reservas hacia la sostenibilidad alimentaria mediante la promulgación de diversos instrumentos y herramientas de autoevaluación y el establecimiento del marco y los procedimientos de seguimiento de los compromisos voluntarios de sostenibilidad de las empresas en relación con la cadena alimentaria».

Además, tanto la Estrategia Española de Economía Circular como la modificación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (actualmente en el Parlamento) incorporan requisitos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y aumentar la recuperación de los mismos, al tiempo que limitan y penalizan los plásticos de un solo uso, una medida que, a su juicio, puede resultar polémica dada la importancia del plástico para la logística y la conservación de los alimentos.

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