El Constitucional desestima el recurso de la ANC contra la multa de Protección de Datos

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El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por la asociación independendista Asamblea Nacional Catalana (ANC) contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo que interpuso frente a la multa de 200.000 euros que le fue impuesta en 2015 por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una infracción muy grave de la Ley de protección de datos de carácter personal, consistente en tratar datos de ideología sin consentimiento de losinteresados.

Los hechos que dieron lugar a la sanción, confirmada en vía judicial, ocurrieron durante los meses de octubre y noviembre de 2014, cuando Òmnium Cultural, que ya fue sancionada a 200.000 euros, y la ANC acometieron lo que llamaron «Gigaencuesta», que llegó a 3 millones de domicilios con un formulario de seis preguntas que arrancaba con esta: «Si Cataluña fuera un Estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más: ¿Cómo cree que se debería gastar?».

En el sondeo se preguntaba sobre las prioridades de Cataluña “cuando fuera un Estado” y si iría a votar en la consulta del 9 de noviembre de 2014 “sobre el futuro político de Cataluña”, consulta ilegal conocida como 9-N, que se desarrolló con Artur Mas como presidente autonómico, por la que Tribunal Supremo le impuso un año y un mes de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

Dicho sondeo se desarrolló por correo postal y mediante 30.000 voluntarios repartidos por áreas geográficas con visitas puerta a puerta. «Los encuestadores cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban», explicaba la sentencia de la AN, y detallaba que los resultados eran enviados después a Òmnium, cuyo recurso ante el TC, de momento, sigue pendiente de ser estudiarlo.

El TC destaca que la encuesta se realizó tratando no solo los datos personales de los encuestados que dieron su consentimiento expreso y por escrito, sino también los de aquellos que no lo dieron, lo que constituye un incumplimiento del artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (tratar datos que revelen la ideología sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado), constitutivo de infracción muy grave conforme al artículo 44.4.b) de dicha ley.

DATOS DE 53.818 PERSONAS

En todo ese proceso, según explicó la AN, la Asamblea Nacional Catalan trató los datos personales de los encuestados «sin el consentimiento reforzado» que requiere la ley en este tipo de consultas. Además, si bien después de la encuesta sólo se iban a guardar los datos de aquellos que lo hubieran autorizado, «figura acreditado» que «no se había procedido a la separación física de la parte destinada a registrar las respuestas y la parte destinada a recabar datos de carácter personal».

En cuanto a la segunda sanción, la ANC tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos una base denominada «Associats» con datos personales de socios, colaboradores y simpatizantes, a partir de la cual creó un fichero en el que esas personas podían acceder con su DNI para apuntarse a una asamblea.

El 4 de septiembre de aquel año, un grupo autodenominado Anonymous Cataluña publicó en su perfil de Facebook datos de socios de ANC a partir de aquel fichero creado para la asamblea con 53.818 personas. Para el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN quedó probada la falta de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de aquellos datos, por lo que confirmó la sanción que impuso por ello la Agencia de Protección de Datos.

NO SE LESIONÓ SU DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL

El TC, en su sentencia, con ponencia del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, tras rechazar los óbices planteados por el abogado del Estado, realiza un examen detallado de las distintas quejas formuladas por la ANC en su demanda de amparo, descartando que se hayan producido las lesiones constitucionales que alega la demandante y desestimando, en consecuencia, el recurso de amparo.

En particular, descarta que la sentencia impugnada en amparo haya incurrido en la alegada lesión del derecho a la tutela judicial efectiva por atribuir responsabilidad individual a la ANC en los hechos sancionados.

El Constitucional aprecia en este sentido que los varios actores que participan en el diseño de un tratamiento de datos personales quedan sujetos cada uno de ellos a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, conforme a la normativa aplicable en esta materia (particularmente respecto a la figura jurídica del “responsable del tratamiento”).

Es decir, que la sentencia impugnada rechaza de manera suficientemente motivada y fundada en Derecho los distintos argumentos que la ANC, basándose en que participaba conjuntamente con Òmnium Cultural en las actividades de diseño y ejecución, hizo valer para instar que se declarase una responsabilidad solidaria de ambas entidades.

El órgano de garantías descarta, asimismo, que la resolución impugnada haya incurrido en una lesión refleja o indirecta de la libertad ideológica, de la libertad de expresión y del derecho de asociación de la entidad ANC, por cuanto la interpretación que de la normativa aplicable al caso lleva a cabo la Audiencia Nacional no puede ser tildada de arbitraria, ilógica o infundada, ni cabe apreciar que otorgue un alcance desmedido al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

La ANC alegaba que la sentencia impugnada se apoyaba en un razonamiento ilógico al examinar el principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción, dado que rechazó aplicar la atenuante de falta de intencionalidad de la entidad, al apreciar que existió intencionalidad y culpabilidad en su conducta, cuando previamente había situado el elemento subjetivo de la sanción en la falta de diligencia.

Pero el TC dice que la sentencia de la Audiencia Nacional dio a la pretensión de la ANC «una respuesta suficientemente motivada» y confirmó el criterio de la AEPD de aplicar la sanción inferior en grado a la que en principio correspondería porque la Asamblea cesó en el tratamiento ilícito de datos y separó las respuestas de la parte que recogía la identidad y el consentimiento tras el requerimiento.

La sentencia la firman los magistrados Juan Antonio Xiol Rios (vicepresidente), Enrique Arnaldo Alcubilla (ponente), Concepción Espejel Jorquera, Antonio Narváez Rodríguez, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Ramón Sáez Valcárcel, de la la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

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