El Congreso da el primer paso para reconocer por ley a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

por | marzo 25, 2022

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tomar en consideración la Proposición de Ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica reivindicación del colectivo.

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha superado su primer examen parlamentario con 301 votos a favor, entre ellos de PP, VOX y Ciudadanos, 24 en contra y una abstención.

Ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo ERC, Bildu y la CUP.

El #Pleno aprueba tramitar la Proposición de Ley del G.P. Socialista por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1979 para reconocer el carácter de agentes de la autoridad de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. pic.twitter.com/T9E8CSiguk

— Congreso (@Congreso_Es) March 24, 2022

A través de esta Proposición de Ley se pretende declarar a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad, de forma que se pueda dar seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitar que se dicten decisiones judiciales dispares.

PP, VOX y Cs la habían llevado al Congreso en distintas ocasiones sin conseguir los apoyos necesarios ante el rechazo, entre otros, del PSOE. Estos tres partidos criticaron el pasado martes, durante su debate en el Pleno, la demora de los socialistas con esta demanda y cuestionaron la propuesta por «insuficiente» y porque consideran que no es más que un «parche» que intentarán mejorar durante su trámite parlamentario.

A través de esta proposición de ley se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 13/1995 sobre modificación de la Ley Orgánica Penitenciaria, de 1979. Por un lado, se modifica el punto dos de dicho artículo, de manera que se incluye que estos trabajadores tendrán carácter de agentes de la autoridad, así como que podrán identificar tal condición «por su número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».

Este punto establece también que, en caso de procedimientos disciplinarios sancionadores, «los informes emitidos por los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones, que hubiesen presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario».

Además, el texto añade dos nuevos puntos al citado artículo. Por una parte, se reconoce que la Administración deberá resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios por los daños sufridos en acto u ocasión del servicio «sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan». Según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), se registra una media de una agresión cada tres días con resultado de alguna lesión.

Por otra, se establece que en los procedimientos penales contra funcionarios penitenciarios «se garantizará su separación del resto de los detenidos, en caso de detención, y en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física».

Una vez superado este primer examen parlamentario, el texto será remitido a la comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas que podrán ser a la totalidad de texto alternativo o al articulado.

Los sindicatos de prisiones valoran positivamente esta ley que inicia su trámite parlamentario, si bien insisten en que siguen a la espera «de la prometida Ley de Cuerpos».

«A nuestro colectivo se le denomina Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, y lo que reivindicamos es un cambio en la denominación puesto que nosotros somos profesionales del medio penitenciario», señala a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la APFP. «Demandamos que estas modificaciones sean introducidas cuando se apruebe en el Parlamento la consideración de autoridad de los funcionarios de prisiones en el ejercicio de nuestra profesión», explica.

Por otra parte, destaca que la Justicia ha reconocido al sindicato APFP en varias sentencias el principio de indemnidad, que significa que los daños que sufre el funcionario tienen que ser tasados por el juez, abonados por el interno y si no tiene medios económicos, por la administración como responsable civil subsidiaria. Por tanto, manifiesta que el principio de indemnidad ya está reconocido.

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