El comisario de Justicia de la UE regresará a España en septiembre para encontrar una solución al CGPJ

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Así se lo comunicó ayer el comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, a cuatro de los miembros de la Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), una de las cuatro asociaciones representativas de jueces a nivel nacional, durante el encuentro que mantuvieron durante poco más de una hora en San Sebastián.

«En septiembre visitaré Madrid para reunirme con los partidos políticos y con las asociaciones de jueces para encontrar una solución al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial [CGPJ]», le dijo a los cuatro miembros de FJI, los magistrados Cristina de Vicente –vicepresidenta–, Juan Montero García Andrade, Francisco Hazas e Iván Oliver, alumnos en dicho curso.

En el último «Informe sobre el Estado de Derecho» hecho público recientemente por la Comisión Europea, el gobierno de la UE formula una recomendación muy específica a España: «Proceder a la renovación del Consejo de la Magistratura de forma prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas».

Entendiendo «normas europeas» como las que se aplican en otros Consejos de la Magistratura de organización afín, como –sin nombrarlos– el de Italia, Portugal, Francia y buena parte de los estados que, hasta la caída del Muro de Berlín, en 1989, formaron parte del telón de acero y ahora son miembros de la UE.

En todos ellos, salvo excepciones, entre el 50 y el 60 % de sus miembros –jueces y magistrados– son elegidos por las respectivas carreras judicial por votación directa y secreta.

Reynders se desplazó a la capital donostiarra para participar en el curso de verano organizado por el Colegio de Registradores y la Academia de Práctica Jurídica Europea que llevó por títulos «Los retos globales de la UE».

El comisario de Justicia de la UE, durante su intervención en la inauguración del curso, en el que también intervino la ministra de Justicia, Pilar Llop, aludió hasta en tres ocasiones a la existencia y posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción cuando algún Estado miembro no cumple con los estándares en materia del «Rule of Law» (estado de derecho).

Reynders explicó por qué son importantes los informes de la Comisión Europea, cómo funciona el procedimiento de infracción y su relación directa con el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos. También se refirió a la guerra de Ucrania.

NECESIDAD DE ADAPTAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE VOCALES A LOS ESTÁNDARES EUROPEOS

Durante el encuentro del comisario de Justicia de la UE con los miembros de FJI, estos dicen haber constatado «el compromiso de la Comisión con los mecanismos del estado de derecho y con la necesidad de adaptar nuestro sistema de elección de vocales a los estándares europeos».

«Cuando expusimos al Comisario que, desde nuestro punto de vista, resultaba contradictorio exigir una renovación del CGPJ conforme a la regulación actual, para inmediatamente después conminar a España a la reforma del sistema bajo la advertencia de iniciar un procedimiento de infracción por mantener un sistema contrario a los citados estándares, el señor Reynders admitió que se trataba de una cuestión delicada y que la principal diferencia que existía entre nosotros y los polacos tenía que ver con el hecho de que en Polonia habían constatado un ‘retroceso’ derivado de la última reforma, mientras que en España se trataba de una realidad que se prolongaba desde hacía muchos años», añaden.

«Ello no obstante, y tras reconocer que habían recomendado la renovación, insistió en que en cualquier caso la Unión Europea estaba encima del asunto y recalcó que por vez primera en el último informe del Estado de Derecho publicado hace escasos días, se había incluido una ‘Recomendación’ que aludía a la necesidad de que España adaptase su sistema de elección a los estándares europeos».

Durante la entrevista con el comisario de Justicia europeo, los miembros de la dirección de FJI le expresaron su «nula fe en los dos principales partidos políticos españoles», en referencia a PSOE y PP, y al hecho de que cuando estuvieron en la oposición ambos prometieron reformar el sistema.

Algo que nunca hiceron cuando alcanzaron el Gobierno.

«Le transmitimos nuestro deseo de que desde la UE se vigile el proceso».

REYNDERS CONOCE MUY BIEN EL CASO ESPAÑOL

Así lo constata Foro Judicial Independiente en su comunicado.

«El Comisario, que tomó algunas notas durante la reunión, dio sobradas muestras de conocer -prácticamente a la perfección- los matices y peculiaridades de nuestro sistema, incluidas las posturas de las distintas asociaciones respecto a la situación del CGPJ. Ello nos permite tener confianza en su trabajo. El señor Reynders insistió en la importancia de que a nivel nacional se desarrolle una cultura de ‘estado de derecho’ y se produzcan debates entre los organismos implicados, para aumentar así la sensibilidad respecto del valor de la independencia judicial en las democracias, inquietud que compartimos plenamente», destaca FJI.

También le transmitieron su interés en que exista una mayor objetivación en la regulación de los nombramientos discrecionales, así como una normativa mucho más rigurosa con las denominadas puertas giratorias («revolving doors” en inglés).

«Y le relatamos que recientemente FJI y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria habíamos consensuado una propuesta de elección de vocales judiciales».

Foro Judicial Independiente vuelve a ratificarse en la necesidad de que se reforme previamente el sistema de elección de los 12 vocales jueces del CGPJ antes de proceder a la renovación en vez de hacer la renovación por el sistema actual.

«Lo consideramos deseable para el prestigio de la institución», destacan. «Solo con un CGPJ verdaderamente independiente mejorarán nuestras deficientes condiciones de trabajo y por tanto los ciudadanos españoles disfrutarán de una Justicia de mejor calidad».

Y terminan con un compromiso: «Nosotros nos comprometemos a seguir defendiendo la despolitización de nuestro órgano de gobierno, al entender sinceramente que el sistema actual contiene un modelo superado que no respeta los límites que recogió el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986 y seguiremos centrados en exigir que se cumpla con uno de los principales postulados de GRECO en la materia, que no es otro que asegurar un sistema en cuya virtud ‘las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de origen judicial’». 

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