El ICAM viene denunciando que la realidad que viven los profesionales de la abogacía en los Juzgados demuestra que son el único operador jurídico sin derecho real a la conciliación: sometidos a unos plazos improrrogables, con independencia de la situación personal en la que se encuentren.

A pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil ya contempla determinados supuestos de fuerza mayor para que los abogados/as puedan solicitar la suspensión de procedimientos, “la realidad es que se ha mostrado realmente ineficaz para amparar el derecho de conciliación de nuestros colegiados/as”, señala el Decano de la Abogacía Madrileña.

Es una queja que Eugenio Ribón dejó patente en el discurso de toma de posesión y que también recoge su programa de gobierno:

“Era necesario que se introdujesen las reformas necesarias para que la norma no dejara margen de interpretación, contemplando todos los supuestos para garantice realmente el derecho a la conciliación de los abogados/as”

El ICAM puso en marcha una campaña hace meses, que ya ha logrado cerca de 4.000 adhesiones, para conseguir que esta vieja demanda de la abogacía llegase a las páginas del BOE: el Manifiesto ICAM por la conciliación en la Abogacía.