El CGPJ se opone por primera vez al candidato del Gobierno y rechaza la continuidad de García Ortiz como fiscal general

El Consejo General del Poder Judicial ha informado en su Pleno ordinario de este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia, ya que hasta ahora el CGPJ no había informado en contra del candidato de Moncloa.

Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que, de los 16 vocales que forman actualmente el CGPJ —10 conservadores, incluido el presidente interino, Vicente Guilarte, y 6 progresistas– solo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz.

El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una «desviación de poder» por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público.

El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por 8 votos contra 7. Han informado en contra los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Anotnio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart.

Por contra, le han apoyado Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas.

Hasta ahora, el CGPJ había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno, primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos con oposición interna. Así, en julio de 2022, el Consejo respaldó el desembarco de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado por 12 votos –tanto progresistas como conservadores– contra 7, de vocales conservadores.

En esa ocasión, cosechó el mismo resultado que Delgado. Respecto a ella, los vocales discordantes manifestaron que el hecho de saltar directamente del Ministerio de Justicia a la FGE creaba «una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia».

A través de este informe, el órgano de gobierno de los jueces cumple con el trámite de audiencia que impone la Constitución para poder nombrar al fiscal general del Estado. Sin embargo, se trata de una opinión no vinculante.

Para emitir dicho informe, el CGPJ analiza la idoneidad del candidato en base a los dos requisitos que marca a ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.

Una desviación de poder innegable 

El Gobierno ratificó a García Ortiz en el cargo hasta 2027 confirmando su «cofianza» en él, según explicó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. En concreto, destacó su «impecable» trayectoria.

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Haste ese momento, había dirigido la Secretaría Técnica de la FGE ejerciendo de ‘mano derecha’ de la entonces fiscal general.

En este año, ha tenido una fuerte contestación interna que ha alcanzado su cénit en las últimas semanas por la sentencia del Tribunal Supremo y por lo que muchos consideran una tibia respuesta a la petición de amparo de los fiscales del ‘procés’ frente a las referencias al ‘lawfare’ recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

Los reproches comenzaron desde la Asociación de Fiscalía (AF) –mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por continuar con la política de nombramientos discrecionales de Delgado, acusándole de favorecer a los candidatos procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

De hecho, una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el TS, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, fuentes fiscales señalan a Europa Press que, aunque hay tesis enfrentadas, se estudia la manera de que pueda seguir.

El Supremo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable», por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. «Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», recalcó el alto tribunal.

Amparo por el lawfare 

A ello se ha unido otra reciente polémica desatada por el acuerdo entre el PSOE y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’.

Los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.

Su respuesta no ha contentado ni a los propios peticionarios ni a muchos de sus compañeros. Así, 18 fiscales del Tribunal Supremo y 22 de Anticorrupción, además de los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, le han instado a amparar a estos cuatro compañeros.

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