El CGAE se compromete a reforzar la demanda de una mayor protección para los abogados del Turno de Oficio

johnk

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se ha comprometido a reforzar la demanda de una mayor protección para los abogados del Turno de Oficio.

Así se lo ha expresado la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, a la abogada que ha denunciado que ha sido amenazada y coaccionada por su cliente y ha pedido orden de alejamiento, con quien se ha reunido esta mañana para conocer personalmente su caso a petición de la letrada.

En la reunión, la abogada ha reclamado al CGAE un mayor respaldo de los Colegios ante las situaciones de agresión, maltrato, amenazas y coacciones sufridas por los abogados del turno de oficio. En concreto, pide que en todos los Colegios haya un protocolo unificado frente a estas actuaciones, ya que el único colegio que dispone de este protocolo es el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Además, cree necesario dotar a los abogados del turno de oficio de la consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

La presidenta del CGAE se ha comprometido a someter estas dos reivindicaciones a la consideración del próximo Pleno, que se celebrará el 16 de septiembre.

Sobre la demanda de que las bajas laborales paralicen los plazos procesales, como la suspensión de vistas, la presidenta del CGAE le ha expuesto que ambas medidas figuran ya en el texto de la ley de eficiencia procesal, actualmente en tramitación parlamentaria.

Esta abogada del turno de oficio de Madrid, M.A.M.M., ha salido de la reunión «con buena impresión». Según informa a Confilegal, «Victoria Ortega se ha comprometido a realizar personalmente este protocolo para que se implante en todos los Colegios».

Respecto a su petición de que los abogados del turno de oficio sean considerados autoridad en el ejercicio de sus funciones, indica que la presidenta del CGAE le ha informado que llevan mucho tiempo trabajando en este aspecto.

Esta letrada destaca que los colegios profesionales de la Abogacía «tienen que atender y detectar este tipo de problemas que tienen los letrados de oficio y atenderlos con premura, no esperar a que ya se hayan producido daños quizás irreparables». 

También reclama que se cambie la ley de Justicia Gratuita y que en el momento en el que se le designe al justiciable el abogado de oficio, «se le advierta que debe respetarlo y que si profiriera algún tipo de insulto, amenaza, o coacción, escrita o telefónica o por cualquier otra vía, hacia su letrado, la designación quedará automáticamente rescindida y no se le volverá a dar justicia gratuita, además de imponérsele algún tipo de sanción económica». Reivindicación que también ha hecho a la presidenta del CGAE, quien ha señalado que consultará este tema con los servicios jurídicos para ver qué solución se puede dar.

UN CALVARIO DE MÁS DE DOS AÑOS

Esta letrada relató el pasado lunes a este diario su caso, un «calvario» que lleva sufriendo con el justiciable más de dos años, desde que le fue designado en abril de 2020.

Actualmente, la letrada se encuentra de baja con una prescripción médica de ansiolíticos durante un período mínimo de dos meses y está recibiendo tratamiento psicológico. Sin embargo, aunque se encuentre de baja, no se le paralizan los plazos de las causas que lleva, por lo que tiene que seguir trabajando.

La afectada denunció los hechos ante la Policía el pasado 14 de julio, denuncia a la que adjuntó el parte de lesiones y solicitó medidas cautelares consistentes en una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto al denunciado.

El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid. La denunciante conoció el pasado lunes que el órgano judicial tramitará su procedimiento como un delito leve y que las medidas cautelares se resolverán en sentencia. Una decisión que la afectada recurrirá para que el caso continúe por diligencias previas y se acuerden medidas cautelares. Aún no ha recibido notificación de la apertura del procedimiento.

Esta letrada ha sido nombrada este pasado fin de semana vicepresidenta de la asociación Defenda, creada en abril de 2020 para luchar por los Derechos y dignidad de la Abogacía de España, de la que era vocal. Varios miembros de la Junta Directiva de esta asociación, pertenecientes a colegios de Huelva, Castellón, Granada, Murcia, Cáceres y Sevilla, se van a personar como acusación particular asumiendo la defensa de su compañera, y la asociación, como acusación popular para defender los derechos del colectivo.

Además, según ha informado Defenda, un diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también se personará como acusación particular para defender los derechos de esta abogada.

DEFENDA LLEVA MESES REUNIÉNDOSE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA TRASLADARLES SUS REIVINDICACIONES

Esta asociación lleva desde el pasado mes de mayo reuniéndose con los grupos parlamentarios en el Congreso para trasladarles sus reivindicaciones para el colectivo de la Abogacía, entre ellas la consideración de autoridad, la conciliación familiar, la suspensión y paralización de plazos por enfermedad y denunciar el maltrato que sufren abogados de oficio de sus clientes.

Según informa, las reivindicaciones sobre conciliación familiar fueron recogidas por varios partidos en enmiendas a la ley de eficiencia procesal.

Además, M.A.M.M., como denunciante y representante de Defenda, volverá a reunirse mañana con el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, para tratar su caso y ver qué soluciones legislativas se podrían adoptar frente a estas situaciones.

También está en conversaciones con el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa.

«Espero que estas reivindicaciones sean pronto una realidad y que por fin se dignifique el turno de oficio y, por ende, la profesión, porque hasta el momento parece que los únicos que tienen derechos son los justiciables», sentencia esta letrada, y hace hincapié en que los abogados «tienen que recibir el mismo trato y respeto que ellos dan a sus clientes».

Destaca que los colegios profesionales de la Abogacía «tienen que atender y detectar este tipo de problemas que tienen los letrados de oficio y atenderlos con premura, no esperar a que ya se hayan producido daños quizás irreparables». 

También reclama que se cambie la ley de Justicia Gratuita y que en el momento en el que se le designe al justiciable el abogado de oficio, «se le advierta que debe respetarlo y que si profiriera algún tipo de insulto, amenaza, o coacción, escrita o telefónica o por cualquier otra vía, hacia su letrado, la designación quedará automática rescindida y no se le volverá a dar justicia gratuita, además de imponérsele algún tipo de sanción económica».

Deja un comentario