Eduardo Ruiz Navarro (VOX): ‘El mensaje a los delincuentes debería ser que ocupación significa prisión’

por | abril 28, 2022

«El mensaje que nuestro ordenamiento jurídico tendría que dar a los delincuentes debería ser que ‘okupación’ significa prisión». Así lo manifiesta a Confilegal el diputado de VOX Eduardo Luis Ruiz Navarro, portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, y uno de los firmantes de la propuesta que VOX ha defendido en el Congreso contra este problema y que se votará hoy en el Pleno,

Además, recuerda que «ante un delito, el Estado ha de poner el foco en la víctima y no en el delincuente y que, por tanto, lo prioritario es destinar recursos para solucionar el problema de la víctima y no tratar de arreglar la vida del delincuente».

VOX propone modificar el artículo 245 del Código Penal para «agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales».

Plantea penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios, y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan, además, con violencia o intimidación.

Ruiz Navarro, que es letrado de la administración de Justicia (LAJ) en servicios especiales, señala que «algunos grupos parlamentarios cuando abordan el problema de la ‘okupación’ se equivocan de perspectiva». «A diferencia de VOX, otros partidos se dedican a hablar exclusivamente de la necesidad de construir más viviendas sociales, como si el Estado y los españoles fuéramos los culpables de que unos delincuentes se dediquen a ocupar las viviendas de los honrados y sufridos trabajadores españoles, a los que les cuesta mucho esfuerzo comprar su vivienda y hacer frente a los pagos», argumenta.

El diputado Ruiz Navarro agrega que «sin perjuicio de la necesidad de adoptar este tipo de medidas desde el punto de vista penal y procesal, es perfectamente aceptable que se incluyan otro tipo de medidas de orden civil y administrativo complementarias para dificultar la consolidación de la ‘okupación’ de viviendas».

En septiembre de 2020, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones para hacer frente tanto al allanamiento de morada como a las usurpaciones, que han mejorado un tanto el sistema de protección.

«La necesidad de que la Fiscalía General del Estado haya tenido que dictar una instrucción para abordar la forma en la que los fiscales han de actuar ante los casos de ocupación, lo que pone de manifiesto es que la regulación actual es claramente insuficiente», manifiesta este diputado.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet, por su parte, también ha propuesto unas medidas para solucionar esta cuestión, como son la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de un artículo nuevo, el que llevaría como número el 544 sexies, «para que se pueda adoptar en cualquier caso de ocupación inmobiliaria, una medida cautelar urgente por parte del juez instructor para que en un plazo máximo de 72 horas se ordene la inmediata expulsión del ocupante, lo que evitaría los retrasos actuales que pueden llegar hasta año y medio en casos de usurpación de bienes inmuebles que no constituyan morada».

También propone modificar la Ley de propiedad horizontal, ya que hoy en día las comunidades de propietarios no tienen legitimación para plantear la expulsión de un ocupante ilegal si el propietario no ha tenido conocimiento de la ocupación o está en el extranjero o ilocalizable.

Preguntado este diputado de VOX sobre las claves de Vicente Magro para solucionar el problema, manifiesta que es «una propuesta interesante» y perfectamente compatible con elevar las penas, como propone VOX.

«Solo hay dos opciones: Estar del lado de los españoles o de los delincuentes. Cada partido tendrá que decidir con quién está», concluye la formación liderada por Santiago Abascal.

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