Edmundo Bal, al Gobierno: ‘Déjese ya de excusas y pague a los abogados de oficio’

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El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, reclama al Gobierno que se deje ya de excusas y pague a los abogados del turno de oficio puntual y adecuadamente.

«A ver si este Gobierno se deja ya de excusas y soluciona unos problemas que vienen muy de lejos y que no hemos parado de denunciar», manifiesta a Confilegal el portavoz de Justicia de Ciudadanos en la Cámara Baja, que es abogado del Estado en servicios especiales.

Con respecto a que se les pague puntualmente, recuerda que los Colegios de Abogados han tenido que establecer líneas de descuento para adelantar los honorarios a los abogados de oficio, que no podían esperar al pago por parte del Ministerio.

Sobre que el pago sea adecuado, Bal señala que es «intolerable» la diferencia de baremo que hay entre el Territorio Ministerio y las Comunidades con competencias «porque el trabajo que se hace que es igual en todo el país y, además, es constitutivo de un auténtico servicio público».

Además, denuncia que en las designaciones que hacen los tribunales, cuando después no se obtiene el derecho a la justicia gratuita, los abogados terminan trabajando gratis sin cobrar, «por vocación, por no dejar sin defensa a ningún cliente».

«Lo llevamos reclamando al Gobierno en todas las comparecencias que hizo el anterior ministro de Justicia y la actual, y a todos los cargos que han ido compareciendo ante la Comisión de Justicia, también en las enmiendas que hemos ido presentando a la ley de presupuestos generales del Estado de los dos últimos años», recuerda.

Ciudadanos requiere al Ejecutivo para que invierta los fondos necesarios para «un trabajo digno» de los abogados del turno de oficio.

Ante la «falta de soluciones», Bal ha preguntado al Gobierno sobre el retraso en los pagos a este colectivo.

SUS PREGUNTAS AL GOBIERNO

El vicesecretario general de Ciudadanos quiere que el Ejecutivo explique «si tiene intención de promover las modificaciones legislativas pertinentes para acabar con la situación de impagos en la que se encuentra el Ministerio de Justicia frente a los abogados de turno de oficio».

También quiere saber si hasta que llegue a producirse dicha modificación, qué medidas piensa tomar «para que no se sigan produciendo requerimientos obligatorios por parte de los juzgados si la intervención de los letrados no es considerada como remunerable, bajo los actuales criterios de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».

Ayer registró estas dos preguntas, atendiendo las reivindicaciones de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que considera «muy insuficiente el incremento supuestamente acordado» de los baremos del Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid y denuncia que «prosigue el maltrato institucional hacia la abogacía de oficio».

Esta asociación, presidida por Juan Manuel Mayllo, afirma que seguirá luchando por defender una actualización de baremos conforme a la realidad de la importancia social del trabajo de este colectivo.

Edmundo Bal señala en su exposición de motivos que desde diciembre de 2021, los letrados del turno de oficio de Madrid «están sufriendo los retrasos en el pago de sus honorarios, debido a la falta de actuación de la ministra de Justicia para proceder a los ingresos».

Recuerda que «ante esta grave situación», el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, se ha pronunciado declarando que “de forma reiterada le he reclamado a la ministra de Justicia que el Ministerio abone los honorarios que tienen derecho a percibir los abogados que prestan este servicio, pues no es admisible que trabajen gratis cuando a veces tienen que estar en juicios durante días y semanas”. Según las cifras declaradas por el ICAM, la cantidad total adeudada ascendería a 400.000 euros.

Este diputado recuerda, asimismo, que el Ministerio alega que las personas jurídicas quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que no hay prevista una subvención específica para el pago de las actuaciones de los abogados de turno de oficio que asisten a personas jurídicas. 

«El vacío existente en la Ley, unido a la ausencia de presupuesto por parte del Ministerio de Justicia con respecto a los denominados órganos centrales, como es la Audiencia Nacional, está en el origen de situaciones que afectan al derecho de defensa en varias macrocausas», denuncia Edmundo Bal.

Y destaca que para solventar este problema sería necesario reformar la Ley de Justicia Gratuita «de cara a incluir una previsión de este derecho también aplicable a las personas jurídicas, en tanto en cuanto comienzan a ser consideradas como imputables tras la reforma del Código Penal de 2010″.

Bal expone que la situación más grave en este momento es que el Ministerio «no ha dado ninguna respuesta a esta situación, mientras que la solicitud de letrados por parte del juzgado es algo continuo». 

A esto se suma, añade Bal, que «los abogados no pueden negarse, una vez requeridos, a atender su trabajo, aunque no cobren», ya que de acuerdo con la ley española vigente si, tras el requerimiento de un juzgado, un abogado del turno de oficio rechaza asistir a una persona física o jurídica, puede ser acusado de desobediencia. Acusación que también podría darse, en el caso de que el decano de su Colegio se niegue a designar abogados colegiados en el mismo, apunta Bal.

En este trance se encuentra el decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, como consecuencia de una decisión en su día adoptada por la Junta de Gobierno del ICA Málaga que él encabezaba. Se opuso a que en plena pandemia los abogados del turno de oficio bajaran a los calabozos y abogó porque los detenidos fueran asistidos por videoconferencia o teléfono, como se hizo en otras partes de España. Decisión por la que fue citado a declarar como investigado por supuesta desobediencia. El turno de oficio se echó a la calle el pasado diciembre en su apoyo en una marcha en Madrid convocada por Altodo «por la dignidad de la Abogacía».

Altodo considera que «en pleno siglo XXI y en plena Europa Occidental no se pueden mantener situaciones de quasi esclavitud». Así lo manifiesta a Confilegal Isidro Moreno, portavoz de Altodo preguntado sobre la iniciativa de Bal, y apunta que «no existe ningún otro colectivo al que se le exija trabajar gratuitamente».

«Coincidimos, por tanto, con el espíritu de la pregunta formulada por Edmundo Bal», añade.

Isidro Moreno, portavoz de Altodo, y el presidente, José Manuel Mayllo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

CIUDADANOS TAMBIÉN HA PREGUNTADO SI POR FIN SE VA A ACTUALIZAR EL IPREM

No es la primera vez que Bal impulsa iniciativas en apoyo a este colectivo. El pasado mes de diciembre también preguntó al Gobierno qué medidas pensaba adoptar para que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no dejase fuera de la justicia gratuita a colectivos vulnerables. Preguntaba si por fin se iba a actualizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y advertía que «se están tomando medidas que van a pagar los empresarios, pero no los presupuestos generales del Estado».

Bal afirma que la solución «es sencillísima: Volver a indexar el derecho a la justicia gratuita al SMI y no al IPREM» 

Altodo llegó a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo por la dificultad para acceder a la justicia gratuita al no ajustarse el IPREM al salario mínimo.

El Gobierno contestó a Cs primeramente que al elevarse el SMI se había producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita, pero días después rectificó su respuesta y manifestó que la exclusión de determinados núcleos familiares «se produjo solamente en 2020».

El vicesecretario general de Cs hace hincapié en que el IPREM «lleva sin revalorizarse mucho tiempo, de manera que al no crecer proporcionalmente en la misma medida que el SMI hace que pequeñas subidas salariales dejen fuera del derecho a la justicia gratuita a muchas personas en esta época de pandemia donde mucha gente va a tener que litigar para resolver sus problemas». 

Denuncia que «el Gobierno no atiende así a los colectivos más desfavorecidos cuando la solución legal es sencillísima: Volver a indexar el derecho a la justicia gratuita al SMI y no al IPREM». 

Por su parte, el presidente de Altodo señaló al respecto a Confilegal que «es grave que el Ejecutivo reconozca que durante 2020, el año en el que se produjo la pandemia y más necesidad de ayuda jurídica tenían los ciudadanos, determinados grupos quedaron fuera del beneficio de justicia gratuita».

Juan Manuel Mayllo destacó que «la solución que ha adoptado el Gobierno lo que ha hecho es que puedan acceder las familias monoparentales, pero deja fuera a las familias formadas por parejas con o sin hijos si los dos miembros de la unidad familiar cobran el salario mínimo».

Altodo entiende que el problema «sigue sin estar solucionado» y espera que la administración adopte las medidas necesarias para corregirlo.

Bal, por su parte, exige al Gobierno que «se deje ya de excusas, haga estas reformas (bien actualizar el IPREM, bien indexar al SMI) y no deje a nadie atrás respecto al acceso al servicio público de la Justicia».

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