CSIF reprocha a Llop que ‘utilice’ la prevención de riesgos laborales con ‘fines publicitarios’

por | junio 20, 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está indignada por el anuncio el pasado miércoles, 15 de julio, de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre colaboración en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia, que incluirá a los jueces y magistrados y al resto de personal de la administración.

A CSIF le «sorprende» que la ministra de Justicia, Pilar Llop, firme convenios en materia de prevención de riesgos laborales cuando «tiene patas arriba» el servicio de prevención del Ministerio; «un servicio que saltó por los aires en la pandemia, que fue incapaz de activar a los Comités de Seguridad y Salud en plena crisis sanitaria y que, a pesar del esfuerzo de su escasísimo personal, no da abasto con los problemas relacionados con la seguridad y salud en la Administración de Justicia».

«Después de más de un año al frente del Ministerio, alguien le tendría que haber informado sobre las graves carencias de su Departamento en esta materia o, quizá, haber preguntado sobre ello antes de firmar convenio alguno», señala este sindicato. En cualquier caso, exige a Llop que «no utilice la prevención de riesgos laborales con fines publicitarios», como considera que ha ocurrido en este caso y que ha denunciado a través de un comunicado, publicado hoy.

Además, CSIF recuerda a la ministra que las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales son materia de negociación colectiva (artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) y que este convenio ni se ha puesto en conocimiento a los sindicatos previamente a su firma.

JAVIER JORDÁN DE URRÍES EXIGE MÁS PRESUPUESTO Y MEDIOS EN ESTA MATERIA

«La prevención de riesgos necesita menos ‘convenios’ y más presupuesto y medios. El Ministerio de Justicia no ha hecho nada tras la pandemia para agilizar la puesta en marcha de la evaluación de los puestos de trabajo de su ámbito y que debería conducir a la aprobación de los planes de prevención», manifiesta a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.  

Y recalca que todo ello debe hacerse con la participación de las organizaciones sindicales más representativas del sector de Justicia, cosa que, según manifiesta, «a este Ministerio parece que le da alergia y no sólo en esta cuestión, sino también en las grandes reformas que están tramitándose en el Congreso sin haber trasladado su contenido previamente a las organizaciones sindicales».

El presidente de CSIF Justicia considera que «de la información que se ha trasladado, vía prensa, sobre el convenio, se desprende que se trata de un documento redundante y sin novedad alguna, destinado a aparentar que se hace algo, pues las competencias de cada administración y la coordinación entre ellas ya está establecida en la Ley de Prevención de Riesgos laborales desde 1995″. 

CSIF recuerda que al Ministerio, como titular de los edificios, le corresponde la evaluación de los puestos de trabajo de su personal, cosa que, según destaca esta organización sindical, «tiene pendiente en la mayor parte de las sedes judiciales)», y la elaboración de los planes de prevención y la labor de seguimiento de los mismos, «un proceso en el que se debe dar cabida a las organizaciones sindicales, tal y como se recoge en el TREBEP y en la ley de prevención de riesgos laborales», reitera.

En este sentido, Javier Jordán de Urríes indica que con el resto de las administraciones o instituciones o empresas con competencias en materia de personal para determinados colectivos, Consejo, Fiscalía y personal de contratas privadas que prestan servicios en los Juzgados debería activarse la denominada coordinación de actividades empresariales, es decir, que esas administraciones o instituciones o empresas realicen la evaluación de los puestos de trabajo de su personal y la trasladen al Ministerio para que la integre en los planes de prevención. 

Añade que esto mismo debe hacer el Ministerio respecto del personal de su competencia destinado en las comunidades autónomas con competencias en medios materiales y personales. 

Por tanto, sostiene que «no hace falta firmar convenio alguno, sino ponerse a trabajar». Y hace hincapié en que los funcionarios de Justicia del Ministerio «han sufrido las consecuencias de la ausencia de un servicio de prevención con medios suficientes para abordar una crisis como la del COVID». 

En realidad, afirma que no hacía falta una crisis para detectar estas «graves carencias», y que «sobran las fotos y faltan los medios adecuados». «El problema de la falta de medios viene de lejos y no sólo en materia de prevención, sino también en materia de gestión de personal. Es un escándalo que el Ministerio tenga la Subdirección General de Acceso y Promoción Profesional con la mayor parte de las plazas vacantes, lo que afecta a miles de opositores y miles de funcionarios que ven postergados los procesos selectivos, los concursos de traslados y la negociación de cuestiones clave para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia», argumenta.

PARA CSIF, ESTE CONVENIO ‘ES UN PUBLIRREPORTAJE MÁS’ Y ADVIERTE QUE ‘SI NO HAY NEGOCIACIÓN, HABRÁ CONFLICTO’

En su comunicado, CSIF destaca que los planes de prevención de riesgos laborales son la herramienta fundamental en la protección de la salud de los trabajadores y que sin ellos «no se puede hablar sobre prevención, ni mucho menos, firmar convenios de colaboración en esta materia».

En estos planes, según CSIF, entre otras cuestiones, «se debe incluir no sólo lo relativo al personal de su competencia, sino lo que la ley de prevención de riesgos denominada coordinación de actividades empresariales, es decir, atribuida la competencia en materia de prevención al titular del edificio (en este caso, el Ministerio), la ley obliga a que, en los casos en los que existe personal dependiente de diferentes instituciones, administraciones, empresas u organismos, esa administración titular del edificio debe coordinarse con el resto para incluir en el plan las medidas correctoras en materia de prevención de riesgos una vez que éstas le hayan remitido las correspondientes evaluaciones de los puestos de los trabajadores a su cargo».

Critica que nada de esto se ha hecho y que el convenio, en consecuencia, es «un publirreportaje, uno más, como el de la cogobernanza, a los que, lamentablemente, nos tiene acostumbrado el Ministerio de Justicia últimamente y que no tienen otro objetivo que obstaculizar e impedir el derecho de negociación colectiva como se está haciendo con las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital o el Registro Civil».

CSIF advierte al Ministerio que «si no se corrige esta deriva, el conflicto está asegurado».

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