CSIF, Jucil y Jupol entregan al Defensor del Pueblo miles de quejas por recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios

por | abril 4, 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) y el sindicato Justicia Policial (Jupol), ambas organizaciones mayoritarias en los consejos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, han entregado al Defensor del Pueblo «miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios» en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.

También entregarán estas quejas a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios.

Además, estudian acciones jurídicas «ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado», según han informado en un comunicado conjunto.

De momento, CSIF ha convocado una concentración para el 18 de abril, a las 12.00, frente a la dirección general de Muface. CSIF, Jucil y Jupol exigen al Gobierno que «garantice la calidad de la Sanidad de los funcionarios».

Estas tres organizaciones firmaron a principios de año un acuerdo «para la defensa de los intereses comunes de los empleados públicos» y hacen un frente común en diferentes ámbitos como «la recuperación del poder adquisitivo perdido desde hace años y agravado ahora por la elevada inflación de 2021, que ha roto todas las previsiones». Colaboran, además, en la defensa de las condiciones laborales en el nuevo contexto de la pandemia y de la mejora de las condiciones de jubilación.

A lo largo del último mes, han recogido «más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial». 

Según los datos recabados, el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.

En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del Covid.

«Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana», detallan estas organizaciones.

Señalan, «por su especial relevancia, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales». «En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad», explican. 

PIDEN A LAS MUTUALIDADES QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD

Ante esta situación, CSIF, Jucil y Jupol exigen a las mutuas «que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes». Asimismo, reclaman que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. El 80% de los encuestados reclama esta posibilidad.

En definitiva, reclaman a las mutualidades «que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada».

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, estas organizaciones quieren que se concreten el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento, y cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones.

Recuerdan que las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados.

Estos recortes, según señalan, tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. «Ya advertimos entonces que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas», concluyen.

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