Cs se reunirá con Reynders para denunciar la ‘inacción’ del Gobierno ante la ‘violación de derechos fundamentales’ en Cataluña

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La delegación europea de Ciudadanos va a mantener una reunión con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para trasladarle «el deterioro de los derechos fundamentales» en Cataluña ante la «inacción o negligencia» del Gobierno de Pedro Sánchez, y exigir una reacción del Ejecutivo comunitario «como en Polonia y Hungría» cuando no se respeta el Estado de Derecho.

La eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, y el eurodiputado catalán Jordi Cañas se han reunido hoy en Bruselas con una representación del partido en Cataluña encabezada por su líder, Carlos Carrizosa, para coordinar las próximas actuaciones ante el incumplimiento de la sentencia sobre el castellano en la educación.

“Hemos trabajado mucho estas cuestiones, hemos informado a la Comisión Europea y estamos cerrando agenda para hablar directamente con el comisario Reynders. Es preciso frenar el deterioro del Estado de Derecho bajo la negligencia o complicidad, no podemos delimitar si es una u otra, del Gobierno de la nación”, explica Pagazaurtundúa.

La eurodiputada reivindica que Bruselas también vigile e intervenga «ante la violación de derechos fundamentales por entidades subestatales, como es el caso de la Generalitat de Cataluña».

Recientemente, Pagazaurtundúa ha enviado a la Comisión Europea un «demoledor» dosier que muestra «los daños a las libertades civiles en Cataluña», en el que alertó de que las violaciones están tomando naturaleza sistemática y reclamó a Bruselas que amoneste al Gobierno «por no intervenir en defensa del Estado de Derecho».

Pagazaurtundúa ha conseguido que el Parlamento Europeo reclame que «se haga cumplir» el Estado de Derecho en las entidades subestatales que lo vulneran. Además, pide a los Estados miembros que «protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo, a fin de garantizar plenamente su independencia”, como también reclamó esta eurodiputada.

“Lamentablemente, hay una situación cronificada de régimen ultranacionalista identitario, y esto afecta al desacato de sentencias, fobia contra derechos civiles como el derecho a pedir el bilingüismo en la escuela. Se ha ido poco a poco generando silencio social, control social, incluso acoso medio inducido por las administraciones. ¿Cuándo se convierte esto en algo europeo? Cuando el Gobierno del Estado miembro mira a otro lado”, ha señalado.

Jordi Cañas denuncia que la Generalitat se ampara en que no es un Estado para violar derechos fundamentales, «pero si lo fuera estaría en la misma situación que Hungría o Polonia por desobeder el Estado de Derecho”. “Y lo peor ya no es sólo esto, sino que se atacan derechos de niños, se violan derechos fundamentales de menores a recibir una educación también en español», indica Cañas, y recuerda que a iniciativa de Ciudadanos, «estas violaciones por entidades subestatales van a ser objeto de atención específica”.

“En Europa no se aprueban leyes para desobedecer sentencias judiciales, en ningún Estado se permite que un gobierno apruebe una ley con el objetivo de desobedecer una sentencia judicial. Y en Cataluña vemos con vergüenza que se ha aprobado la modificación de una ley con el objetivo de saltarse una sentencia judicial. Si el Gobierno de España lo permite, desde Cs lo vamos a poner en el ojo del análisis de la Comisión”, ha señalado.

Por su parte, Carlos Carrizosa ha denunciado que el Gobierno «antepone su propia supervivencia al pactar con los grupos ultranacionalistas que no respetan el Estado de Derecho». «Hace caso omiso y mira hacia otro lado. Pero la Unión Europea es un territorio de vigencia del Estado de Derecho y de la misma forma que apercibe a ciertos Estados en los que cuesta implantar ese Estado de Derecho, queremos que la UE mire también al Gobierno de España con lupa y vigile si realmente se aplican las sentencias que los tribunales dictan, porque es una anomalía democrática”, manifiesta.

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