Colombia – Decreto-LEY sobre implementación de las TIC en trámites judiciales

por | abril 9, 2022

Piden mantener vigente decreto-LEY sobre implementación de las TIC en trámites judiciales.

En la Comisión Primera del  Senado se cumplió éste miércoles 6 de abril, la audiencia pública para discutir la vigencia permanente del decreto de emergencia que busca mantener las

Este proyecto de ley 323 de 2022 del Senado, presentado conjuntamente por las Cortes, fue respaldado por el Consejo de Estado a través de del magistrado Martín Gonzalo Bermúdez quien consideró que «expresa el total apoyo para que se adopte como legislación permanente».

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz Monsalvo, quien suscribió la presentación del Proyecto de Ley 325 de 2022, advirtió que se debe mirar al usuario, «a quien debe servir el sistema judicial. Tenemos que desaprender para volver a aprender», indicó el presidente Quiroz.

Entre tanto, el magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz expresó que el Consejo de Estado estudió en sesión plenaria y otorgó el total apoyo al decreto para que se adopte como legislación permanente.

La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, coincidió igualmente en mantener vigentes las normas que han dado soporte al uso de las herramientas virtuales en la administración de justicia.

 El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, también reconoció la necesidad de mantener y fortalecer la implementación de las TIC. «Uno de los retos más importantes de la transformación digital de la justicia resulta ser el paso de una cultura judicial presencial a virtual», indicó, quién además resaltó que desde el Gobierno y Ministerio se está construyendo la ruta hacia la transformación digital de la justicia como un legado para el país.

Por su parte el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en representación de Ulises Canosa Suárez, indicó que «es un proyecto fundamental para garantizar el acceso de justicia de los colombianos mediante un mecanismo moderno, fácil, rápido, económico. Sin formalismos innecesarios».

Nattan Nisimblat, magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, resaltó sobre un aumento en la productividad judicial, gracias al decreto. «La virtualidad ha facilitado la gestión», puntualizó.

El abogado y profesor universitario, Ramiro Bejarano Guzmán, presente en la audiencia, dijo que el decreto recibió el beneplácito de la Corte Constitucional con la sentencia C-420 de 2020.

Algunas cifras, expuestas en la audiencia, también muestran los beneficios del decreto. «Hoy en Colombia se tramitan más de 200 mil audiencias de forma virtual cuando de manera presencial sólo se llegaban a las 50 mil», expuso Francisco Bernate, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el magistrado Mauricio Rodríguez hizo un llamado al Congreso de la República para tomar una decisión histórica. «Esta es una iniciativa que de manera muy particular ha unido las voces de todos los interesados en el derecho», expresó Rodríguez.

«El Decreto viene a generar un ajuste necesario permitiendo que ciertas actuaciones que requerían formalidades se hayan venido flexibilizando y sobre todo generando un mayor acceso a la justicia», resaltó la vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, Diana Lucía Talero.

Fernando Mancera, representante de la ANDI, manifestó que el Decreto representa para Colombia el avance qué se necesita también para el sector industrial. «Ya vemos métodos de tribunales virtuales a nivel internacional que son más expeditos y rápidos».

El presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai, sostuvo que «la transformación digital de la justicia genera importantes beneficios para el país, materializando los derechos fundamentales  como es el acceso a la administración de la justicia».

De esta forma, la audiencia pública de la Comisión Primera finaliza la discusión con el ánimo de mantener, por unanimidad, las herramientas TIC en la administración de la justicia por medio del Decreto 806 de 2020, antes que termine su vigencia en junio del presente año.

Fuente: Prensa Senado

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