Afectados por talidomida anuncian su apelación al Supremo: «El Gobierno también está obligado a cumplir la ley”

por | marzo 26, 2022

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Nacional, hecho público el pasado marte, que rechaza que el Estado les pague 400 millones por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas en 2018 para los perjudicados por este fármaco.

Ignacio Martínez, abogado de la asociación, va a pedir en primer lugar a la Audiencia Nacional un complemento de la sentencia respecto a algunos temas que no quedan claros de ese fallo judicial que acaba de darse a conocer.

“Una vez dictada la sentencia no se puede variar, pero sí se pueden hacer correcciones materiales o entrar a pronunciarse sobre algo que una de las partes cree que no se ha entrado en el fallo judicial, en este pediremos una aclaración”.

De hecho, comenta que hasta que no se produzca dicha aclaración, los plazos del recurso están paralizados hasta que la Audiencia Nacional no responda a la petición de Avite. En ese momento se computará el plazo de los 30 días que tienen este colectivo de afectados para reclamar en apelación.

Y es que desde Avite se tiene claro que “hasta ahora no se ha hecho nada y en el futuro tampoco se va a hacer. Porque la Ley de Presupuestos de diciembre pasado del 2021 vuelve a dar 20 millones para indemnizaciones, cuando las cuentes del Gobierno habla de 120 millones de euros”.

Para Martínez, “si el Real Decreto-ley no tiene una fundamentación económica nunca podrá aprobarse en dichas condiciones. Por este motivo creemos que no se va a hacer nada hasta que se apruebe una nueva ley donde esté recogida la cantidad adecuada”.

El abogado de AVITE recoge el sentir del colectivo de afectados de la talidomida: «No nos quieren pagar, ni ahora ni en el futuro”.

Para este letrado “es incompresible como puede avalar desde la Audiencia Nacional que no se pague una ayuda “que el legislador avaló en la ley General de Presupuestos de 2018, y que cuatro años después ni está ni se le espera”.

Martínez recuerda que ya en 2018 el legislador dijo que estas ayudas tenían que abonarse de manera “urgentísima porque estos señores se estaban muriendo, y cuatro años después nos encontramos con esta sentencia”.

Habla de la sentencia “como algo autista. Viene a decir que el cumplimiento de la ley para el ejecutivo queda a su criterio. Ahí va en línea opuesta al concepto del imperio de la ley, que es un pilar fundamental de la democracia”.

Según indica, el imperio de la ley obliga a todos los poderes públicos “a someterse a la ley. En el fallo da igual si cumple o no cumple, Hay discrecionalidad que el Estado lo haga y cuando lo haga. Es absolutamente inasumible este planteamiento”.

De izquierda a derecha, Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, Ignacio Martinez, abogado de la asociación y José Riquelme, presidente de Avite.

CUATRO AÑOS SIN HACER NADA

En este caso recuerda que “han pasado cuatro años desde que la ley señalaba el pago a los afectados de la talidomida y no se ha hecho nada, pese a que se habló de preparar un Real Decreto por vía de urgencia”.

Este jurista con notable experiencia en estos temas de reclamaciones médicas afirma que “no hay ningún precedente en fallos como éste, de hecho, la sentencia no cita ninguno de una demanda contra el Estado por no cumplir una ley”.

Para Martínez, el fallo es el resultado de que los afectados no importan, «la talidomida no cuesta votos, dentro de una semana nadie hablará de esto, no van a pagar y punto. De acciones como esta, no existen precedentes en España».

Rafael Bastarrechea, vicepresidente de Avite, resume el sentir del colectivo de afectados:  “es frustrante este fallo. No es de recibo que un juez diga que el Gobierno puede cumplir la ley cuando quiera o que puede no cumplirla. Ni siquiera la justicia te ampare en estos temas es  bastante lamentable”.

Al mismo tiempo recuerda que “como colectivo llevamos dieciocho años tratando con este y otros Gobiernos para resolver este problema que ha convertido en pesadilla nuestras vidas”.

Es bastante claro «que en este año no vamos a cobrar tampoco. Porque no hay cuantía económica asignada y en el 2023 nos tememos lo peor. Al parecer no quieren pagar. Y no les va a pasar nada porque esta sentencia judicial de la Audiencia Nacional les respalda”.

Para el vicepresidente de Avite “la situación es complicada, si políticamente no te escuchan y judicialmente tampoco. ¿Qué podemos hacer como colectivo? Este es un tema que abordaremos en la próxima Asamblea General que celebraremos en Madrid el próximo 30 de abril”.

Meterse en un proceso judicial «en nuestro país es un cara o cruz con resultado muy incierto. No hay seguridad jurídica si eres un afectado de un asunto de este tipo. Por eso no se cree en el sistema”.

“Pero iremos hasta el final. Recurriremos al Tribunal Supremo.  La otra opción es no recibir nada y eso no podemos permitirlo”, aclara.

La sentencia rechaza todas las alegaciones de los recurrentes y concluye que no se puede afirmar que la conducta de la Administración se haya desviado o que haya entorpecido de una manera arbitraria la voluntad del legislador pese a haber demostrado Avite con documentación la inacción de Sanidad en este tema durante los últimos años

El COVID19 como excusa

Martínez indica que las conclusiones de la Abogacía del Estado se hacia referencia a un oficio de Hacienda, “el juez dijo que no hacia falta y no se aportó. Ese oficio según pensamos es en el que Hacienda señala que el Real Decreto no se puede aprobar porque no hay dinero presupuestado para ello”.

Curiosamente el juez del magistrado Soldevilla habla del Covid19 como uno de los impedimentos para que la Administracion no haya pagado a los afectados por la talidomida “cuando ni siquiera la Abogacía del Estado lo puso como excusa. «La demanda se interpuso por cierto en el 2019 y el Covid llegó en marzo del 2020 en España”.

Otra cuestión que ha generado malestar en el colectivo son algunos comentarios que hace el magistrado porque Avite se haya personado en la Audiencia Nacional para reclamar sus derechos.

“Es ridículo. Nos afea que en el 2019 hayamos movido ficha, cuando en el 2022 estamos igual y no se ha hecho absolutamente nada. No entendemos ese comentario”, comenta.

Al mismo tiempo el asesor jurídico de la entidad recuerda que en este periodo de tiempo de cuatro años han fallecido tres asociados de Avite, que no han visto compensada su problemática y sus dolencias.

Hay que recordar que además de este dinero por retraso en la tramitación de ayudas, los afectados por la talidomida vienen exigiendo al Gobierno un pronunciamiento de «perdón público» por «61 años de olvido» (desde que nació el primer afectado) y por el «ninguneo» al colectivo.

En España, el número de afectados oscila entre 1.500 y 3.000, según la asociación de víctimas, aunque el Instituto de Salud Carlos III, encargado de efectuar un protocolo de reconocimiento hace 4 años por el Ministerio de Sanidad, solo ha registrado, de momento, 127 casos, ante la sorpresa de propios extraños.

Todos estos años, los afectados por la talidomida han reclamado, sin éxito, la elaboración de un censo.

La principal malformación que causó el fármaco de la talidomida en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

El principio activo se distribuyó en todo el mundo con diferentes nombres comerciales y provocó malformaciones a unos 20.000 bebés.

El medicamento se retiró en todo el mundo en el año 1961 pero en España se siguió administrando hasta 1985, según Avite.  En la actualidad, nuestro país es el único país del mundo  que aun no ha compensado a las víctimas de la talidomida metidos en distintas batallas judiciales con la Administración

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