Admitida a trámite una querella contra el director general de la Policía y el Comisario provincial de Vitoria

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz ha admitido a trámite una querella contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, el Comisario jefe provincial de Vitoria, José Ángel Sáez Cejudo, y un inspector jefe, instructor de Régimen Disciplinario, por supuestos delitos de coacciones, prevaricación administrativa y contra la libertad sindical.

El querellante es J. A. P., un representante de Alternativa Sindical de Policía (ASP), quien denuncia unos hechos acaecidos en marzo de 2022, al incoársele un expediente disciplinario, número 51/2022, de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Está asistido por el despacho Matilla & Blay Asociados, el caso lo lleva el abogado Diego Fernández López.

En la querella argumenta que la finalidad de la medida disciplinaria es «amedrentarle, con el fin de que cese en su perseverancia porque se cumpla la legalidad».

Según declara el sindicato, ASP y su representante están llevando a cabo las acciones sindicales pertinentes para «acabar con las ilícitas comisiones de servicios que continuadamente se generan, entre otras, en la Brigada Provincial de Información», ya que entienden que «se sortean los requisitos legales establecidos para ello y se consiente que se prolonguen en el tiempo mucho más allá de lo que reglamentariamente está permitido».

Por considerar que el expediente disciplinario incoado al delegado de ASP se ha iniciado «al margen del procedimiento que podía ser procedente, en atención a los hechos que se le atribuyen», deducen de tal proceder que «se pretende sancionarle a toda costa y para ello se ha resuelto por los representantes de la Administración mermar el marco de su capacidad de actuación y defensa, dejando en manos del Director General de la Policía la decisión, al tener éste total libertad de acción, por ser juez y parte, y con ello tratar de lograr doblegar la voluntad de nuestro delegado sindical».

«Este intento de intimidación directamente trata de influir en la libertad y actuación de Alternativa Sindical de Policía, y no vamos a consentirlo», asegura la organización.

En un auto fechado a 12 de septiembre, la magistrada María Eneida Arbaizar Fernández dictamina que los hechos relatados en la querella «presentan, aparentemente, los caracteres de los delitos relatados anteriormente» y que este Juzgado es competente para la instrucción de la causa, por lo que procede admitir a trámite la querella.

La magistrada ha acordado incoar diligencias previas. Además, ha ordenado a la Dirección General de la Policía que en el improrrogable plazo de cinco días hábiles aporte el expediente sancionador completo relativo al querellante, a quien ha citado a comparecer ante ella el 9 de noviembre.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de reforma y/o de apelación.

EL CASO, AL DETALLE

A principios de este año ASP presentó otra querella contra el Director General de la Policía y el Comisario Provincial de Vitoria, igualmente relacionada con el «otorgamiento de puestos de trabajo mediante comisiones de servicios ilegales», que dio lugar a otro procedimiento en los mismos juzgados, donde se investiga si existió prevaricación administrativa continuada.

El sindicato explica que se vio obligado a acudir a la vía judicial «ante las ignoradas solicitudes que ha dirigido a los órganos de dirección y gestión del Cuerpo Nacional de Policía, para que se obre con transparencia y legalidad». En este sentido, recuerda que a la hora de otorgar puestos de trabajo mediante comisión de servicios, estos se han de ofertar mediante concurso público, siguiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad, de forma que permitan el acceso a cuantos deseen ocupar alguna de las vacantes existentes.

Según informa, los hechos se remontan al año 2020, cuando en un procedimiento contencioso-administrativo ASP «aportó los nombres de distintas personas que ocupaban irregularmente puestos de trabajo mediante comisiones de servicios».

«La negativa de la Dirección General para aportar la documentación fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, que concluyó que dicha información no tiene carácter secreto. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos nos ha referido que nuestra actuación fue correcta», indica.

Además, ha interpuesto varios recursos contenciosos-administrativos «en los que los tribunales han dictaminado que las comisiones de servicios señaladas se han otorgado sin cumplir con los requisitos legales y superando los plazos establecidos».

ASP afirma que «a pesar de todas las resoluciones favorables, quienes intervienen en la incoación del expediente disciplinario al representante sindical siguen actuando de la misma manera», a juicio del sindicato.

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