Administración de Justicia, política y seguridad jurídica

johnk

Tuve ocasión de asistir al acto de apertura del Año Judicial y confieso que salí con una sensación agridulce. Dulce, al poder escuchar en directo el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Un discurso claro, firme, directo y sin ambages, donde no dejó de tratar ninguno de los temas que, en relación con el mundo de la Justicia, preocupan a la ciudadanía y, particularmente, a los que nos dedicamos al mundo del Derecho.

Y triste, muy triste, al comprobar la desesperación del máximo representante del tercer Poder del Estado ante la desconsideración y abandono a los que le tienen sometido la clase política.

Nunca en mi ya larga vida profesional pude imaginar que llegáramos a una situación como esta.

Como tiene dicho mi maestro Luis Díez-Picazo y Ponce de León, “la seguridad jurídica es una situación personal, pero es también una situación social. Denota, ante todo, un funcionamiento normal del ordenamiento jurídico”; y añado yo: que los jueces y tribunales resuelvan solo en atención a ese ordenamiento jurídico, con independencia e imparcialidad, y sin estar movidos por otras consideraciones.

Porque, en definitiva, la seguridad jurídica, como uno de los pilares en los que se asienta nuestro Estado de Derecho, implica la idea de certeza o certidumbre que enlaza inmediatamente con la idea de confianza.

NOS DEBE PREOCUPAR LA IMAGEN DE POLITIZACIÓN DEL CGPJ

Sin confianza en nuestras instituciones, y particularmente en aquéllas a las que acudimos para solicitar el amparo de nuestros derechos subjetivos, la sociedad sencillamente no puede funcionar.

He dicho repetidamente que en España los jueces y tribunales son independientes. Pero una cosa es que lo sean y otra bien distinta es la percepción que de la Administración de Justicia pueda tener la ciudadanía; y eso es lo que nos debería preocupar.

Porque, lamentable e injustamente, la imagen de politización que se está dando respecto del nombramiento del máximo órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional parece que alcanza a todo el sistema judicial, aunque ello sea, insisto, radicalmente incierto.

«Sin confianza en nuestras instituciones, y particularmente en aquéllas a las que acudimos para solicitar el amparo de nuestros derechos subjetivos, la sociedad sencillamente no puede funcionar»

Y esta situación nos afecta directamente a los abogados, razón por la que le expresé al presidente Lesmes mi total apoyo como representante de la abogacía madrileña.

Lo he dicho también muchas veces: los abogados somos, junto con los médicos, los profesionales que estamos más cerca de los ciudadanos; somos los que defendemos sus derechos desde antes de que nazcan (“nasciturus”) hasta después de su fallecimiento.

Y bastante tenemos ya con calmarles ante los evidentes retrasos en el funcionamiento de la Administración de Justicia, para encima tener que convencerles de que su caso va a ser resuelto conforme a Derecho sin interferencia alguna de la presunta inclinación política del juez de turno; y, desde luego, el lamentable espectáculo que están dando nuestros políticos no nos ayuda nada en ese ejercicio de convencimiento.

Pero no es solo eso.

LA SITUACIÓN ATENTA CONTRA LA ECONOMÍA DE ESPAÑA

Lo que está pasando atenta directamente contra la economía de nuestro país. Lo sé por experiencia: todo inversor, especialmente el inversor extranjero, antes de invertir en España analiza en detalle si nuestro país le va a proporcionar seguridad jurídica.

Y ¿con qué se encuentra?: con un Poder Judicial abandonado por el Legislativo y el Ejecutivo, que además pretende controlarlo; con un Tribunal Supremo que puede llegar a la parálisis por la imposibilidad de cubrir las vacantes de magistrados, lo que inevitablemente va a añadir retraso al retraso latente; y otro tanto es predicable respecto de los presidentes de los TSJ.

Y si ya no lo saben a través de los medios de comunicación, los abogados se lo tenemos que contar a nuestros clientes cuando nos pidan asesoramiento antes de realizar sus inversiones

¿Alguien puede pensar sensatamente que esta situación no va a influir en su decisión y que cuando España esté compitiendo con otros países a la hora de atraer una determinada inversión el inversor no se vaya a decantar por otro país ante la falta de confianza en nuestro sistema de Justicia?

El daño que, entre otras, por las citadas razones, nuestros políticos están causando al conjunto de la ciudadanía española, a la que tienen obligación de representar y defender, es inmenso.

Por ello, uno mi voz a la del máximo representante de los jueces exigiendo de los dos principales partidos políticos una solución urgente al problema planteado, acordando la renovación de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional, a ser posible, aunque quizás sea una utopía, teniendo en cuenta su capacidad técnica y reputación, y no su inclinación política.

Si no lo hacen, la ciudadanía y la Historia se lo demandarán.

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